El exceso de generación con combustibles fósiles representa una amenaza para los costos del servicio eléctrico y los objetivos de Puerto Rico en el ámbito climático

Puerto Rico consistentemente tiene una de las tarifas eléctricas más altas de Estados Unidos, una situación que se ve agravada por el bajo ingreso mediano de los hogares de la isla. Es probable que este año se tomen decisiones que tendrán un efecto en las tarifas eléctricas de Puerto Rico durante décadas.

Además del caso de la tarifa base y el caso del plan integrado de recursos (IRP, por sus siglas en inglés) que actualmente se encuentran sometidos ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (PREB, por sus siglas en inglés), el costo futuro de la electricidad también se verá muy influido por las decisiones de contratación en curso, incluido un proceso para 3,000 megavatios (MW) de nueva generación eléctrica. 

Tomar las decisiones de compra de generación importantes fuera del proceso del IRP significa que no hay ni un análisis del impacto de estos recursos en el resto del sistema (y, por tanto, en los costos totales del sistema o las tarifas) ni una evaluación de vías alternativas, como una mayor dependencia de la generación distribuida. 

La omisión de vías alternativas es especialmente llamativa dado el gran interés público por la energía renovable distribuida, como queda evidenciado por la aceleración de la inversión en placas solares instaladas en los techos con almacenamiento en baterías, impulsada en gran medida por la falta de confiabilidad de la red. La generación distribuida, que no depende de la transmisión a larga distancia para suministrar energía a los consumidores, ofrece un grado mucho mayor de resiliencia para los hogares y negocios. Las energías renovables tampoco están sujetas a la misma volatilidad causada por los acontecimientos geopolíticos que los combustibles fósiles.

En este informe se advierte sobre el posible sobredimensionamiento del sistema de generación centralizado de Puerto Rico y de su continua dependencia del gas natural importado. Los riesgos financieros para los abonados de la excesiva dependencia del gas natural se ven agravados por los conflictos de intereses que plantea New Fortress Energy, el proveedor de gas natural de la costa norte de la isla y el operador de las plantas termoeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés). 

La continua contratación ad hoc de nueva capacidad de generación, al margen del proceso del plan integrado de recursos y sin contar con ningún modelo disponible públicamente de los impactos en las tarifas eléctricas, socava la eficacia de una planificación energética sólida en Puerto Rico y pone a los abonados en riesgo de pagar tarifas aún más altas.